Protege a los alcaldes, gobernadores regionales y demás autoridades que indica, con responsabilidades en materia de seguridad pública

Senado - En tramitación   https://portallegislativo.senado.cl/detalle-proyectos-ley/1…   07/09/2026

Boletín: 18630-25
Título: Protege a los alcaldes, gobernadores regionales y demás autoridades que indica, con responsabilidades en materia de seguridad pública
Origen: Senado
Iniciativa: Moción
Urgencia: Sin urgencia
Etapa: Primer trámite constitucional (Senado)
Subetapa: Primer informe de comisión de Seguridad Pública
Autores: Vodanovic Rojas, Paulina
Fecha de ingreso: 07/09/2026

Resumen: El proyecto busca reforzar la protección penal frente a atentados contra autoridades con responsabilidades en seguridad pública, cuando estos hechos pretendan intimidar o condicionar decisiones del Estado. El objetivo principal es ampliar la cobertura del artículo 391 bis del Código Penal e intensificar las penas en casos de homicidio por encargo contra estas autoridades, incluso desde la tentativa.

 Contexto y problema que aborda
- Actualmente se registran amenazas y planes de homicidio por encargo contra autoridades locales y regionales vinculadas a decisiones de seguridad pública.
- La normativa vigente protege con mayor severidad a jueces penales, fiscales, defensores públicos y funcionariado policial y penitenciario, pero no incluye a alcaldes, gobernadores regionales ni otras autoridades que ejercen funciones legales en seguridad.
- Esta omisión expone a autoridades que, por su rol en planes y acciones de seguridad, pueden ser objeto de coerción criminal destinada a frenar o alterar decisiones públicas.

 Personas afectadas y beneficiarias
- Las personas afectadas: autoridades que enfrentan riesgos derivados de su rol en seguridad pública.
- Las personas beneficiarias: la población, al resguardarse la continuidad e independencia de decisiones estatales en seguridad.
- Las instituciones involucradas: municipalidades, gobiernos regionales, Ministerio de Seguridad Pública, delegaciones presidenciales y órganos con competencias en prevención del delito.

 Medidas y contenido central
- La propuesta establece dos cambios al artículo 391 bis del Código Penal:
  1) La iniciativa dispondría incluir expresamente como personas protegidas, cuando el atentado sea por razón de sus funciones: un alcalde, un gobernador regional, el Ministro de Seguridad Pública, los Subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, un delegado presidencial regional o provincial, un secretario regional ministerial de Seguridad Pública, un director de departamento provincial de Seguridad Pública, un director de seguridad pública comunal y, mediante una cláusula residual, otra autoridad a la que la ley encomiende funciones de dirección, diseño, aprobación, coordinación o ejecución de políticas, planes o programas en seguridad pública o prevención del delito.
  2) El proyecto contemplaría que el homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o beneficio cometido contra estas personas, por razón de sus funciones, se castigue con la pena de delito consumado desde la tentativa.

 Fundamentos
- El proyecto establecería una respuesta penal reforzada porque los atentados por encargo contra estas autoridades buscan no solo dañar a una persona, sino también inhibir el ejercicio legítimo de funciones públicas en seguridad.
- La iniciativa dispondría una determinación legal precisa de cargos protegidos y una cláusula residual acotada, para cumplir con el principio de taxatividad y exigir siempre un vínculo funcional entre el atentado y las funciones de la víctima.
- El proyecto contemplaría, de forma excepcional, la punición desde la tentativa, dada la gravedad e impacto intimidatorio del homicidio por encargo en este contexto.

 Alcance
- Las personas beneficiarias incluirían a autoridades en niveles nacional, regional, provincial y comunal con funciones legales en seguridad pública.
- Las personas afectadas por la aplicación serían quienes realicen conspiración, tentativa, frustración o consumación de homicidio por encargo contra estas autoridades por razón de sus funciones, enfrentando una pena más severa.

Etapas de tramitación:
- Primer trámite constitucional (Senado): 07/09/2026 a 08/09/2026

Histórico de tramitación:
- 07/09/2026: Ingreso de proyecto
- 08/09/2026: Cuenta de proyecto. Pasa a Comisión. de Seguridad Pública
- 08/09/2026: El Honorable Senador señor Castro adhiere a este proyecto de ley.

TEXTO DEL PROYECTO:
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Boletín N° 18.630-25

Proyecto de ley iniciado en moción de la Honorable Senadora señora Vodanovic, que
tiene por objeto de proteger a los alcaldes, gobernadores regionales y demás
autoridades que indica, con responsabilidades en materia de seguridad pública.

I. ANTECEDENTES

La evolución reciente de la criminalidad violenta exige que el ordenamiento
jurídico resguarde no sólo la vida y la integridad de quienes ejercen funciones públicas,
sino también la continuidad e independencia de las decisiones estatales frente a la
intimidación criminal. Los atentados dirigidos contra una autoridad por razón de sus
funciones trascienden la afectación individual de la víctima: procuran alterar, condicionar
o paralizar el ejercicio legítimo de una competencia pública.

Esta consideración adquiere particular intensidad en el ámbito de la seguridad
pública. Las autoridades que adoptan decisiones en esta materia intervienen en la
definición de prioridades, planes y acciones destinadas a prevenir delitos, proteger a la
población y coordinar la respuesta institucional. Por ello pueden quedar especialmente
expuestas a represalias o actos de amedrentamiento provenientes de personas u
organizaciones interesadas en impedir o modificar dichas decisiones.

Los alcaldes ocupan una posición singular. Son la máxima autoridad municipal,
presiden el consejo comunal de seguridad pública y participan directamente en la
formulación y ejecución del plan comunal de seguridad pública. Su cercanía con la
comunidad y su visibilidad territorial los convierten, además, en una primera línea
institucional frente a fenómenos delictivos que afectan la vida cotidiana de las personas.
Una amenaza contra un alcalde mo tivada por estas funciones busca, al mismo tiempo,
lesionar a la persona e inhibir la acción del municipio y del Estado en el territorio.

La ley N o 21.571 incorporó al Código Penal el artículo 391 bis, sancionando la
conspiración para cometer homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o
beneficio económico o de otra naturaleza. Su inciso segundo estableció una respuesta más
intensa cuando la conducta se dirige, en razón del ejercicio de sus funciones, contra un
juez con competencia en lo penal, un fiscal del Ministerio Público, un defensor penal
público o funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile
o de Gendarmería de Chile. La norma reconoce que ciertos homicidios por encargo no
sólo atacan la vida, sino que pretenden pertu rbar instituciones esenciales para la
persecución penal y la seguridad.

La necesidad de esta reforma se manifiesta con especial claridad en el caso del
alcalde de San Bernardo, Christopher White. En septiembre de 2026 se conoció que
diligencias investigativas y la interceptación de comunicaciones de Juan Flores
Valenzuela, conocido como “Indio Juan”, habrían permitido detectar un plan para asesinar
al alc alde. El antecedente no provino de una amenaza política genérica, sino de
comunicaciones vinculadas a un delincuente condenado por un delito grave, quien habría
proyectado el atentado mientras permanecía prófugo. El alcaide ya había denunciado
amenazas anteriores contra él y su familia vinculadas al ejercicio de su cargo.

El caso del alcalde White no constituye un hecho aislado. En febrero de 2026, la
alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció que personas vinculadas al narcotráfico
habrían ofrecido cien millones de pesos para asesinar la, como represalia por medidas
municipales destinadas a recuperar  inmuebles y retirar cámaras clandestinas. En marzo
del mismo año, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, recibió protección policial
después de amenazas que aludían al pago de veinte millones de pesos por su muerte, en
un contexto de demolición de inmuebles asociados a actividades delictivas. Asimismo, el
alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, denunció mensajes que identificaban su
domicilio y sus desplazamientos y amenazaban con incendiar su vivienda a propósito de
decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.

Estos antecedentes, algunos de los cuales permanecen sujetos a investigación,
exhiben un patrón relevante para la política criminal: la amenaza o contratación de un
homicidio puede emplearse para doblegar a autoridades democráticas, paralizar
recuperaciones de espacios públicos, impedir fiscalizaciones o condicionar decisiones de
seguridad. Informaciones publicadas durante 2026 han recogido que una proporción
significativa de los alcaldes de la Región Metropolitana declara haber recibido amenazas
de bandas delictivas. La reiteración y transversalidad de los casos demuestran que no se
trata de proteger a una persona o sector político determinado, sino la capacidad del Estado
de ejercer sus competencias sin coerción criminal.

Sin embargo, la enumeración vigente del artículo 391 bis no comprende a los
alcaldes, a los gobernadores regionales ni a otras autoridades que, por mandato legal,
ejercen funciones de dirección, diseño, aprobación, coordinación o ejecución de políticas,
planes o programas de seguridad pública o prevención del delito. Esta omisión deja fuera
a quienes pueden ser objeto del mismo mecanismo de presión criminal que justifica la
protección reforzada ya dispensada a los demás sujetos mencionados en la disposición.

II. FUNDAMENTOS DE LA MODIFICACIÓN

1. Protección de la función pública frente a la coerción criminal

El fundamento de la reforma no reside únicamente en la calidad formal de la
víctima. La especial protección se explica porque el homicidio por encargo, cuando se
dirige contra una autoridad en razón de sus funciones de seguridad, posee aptitud para
imponer decisiones, obtener omisiones o generar un efecto intimidatorio sobre el conjunto
de las instituciones. La respuesta penal reforzada protege así, conjuntamente, la vida de la
persona y el libre ejercicio de una función pública particularmente sensible.

La inclusión expresa de los alcaldes y gobernadores regionales responde a su
legitimidad democrática, a las responsabilidades territoriales que la legislación les asigna
y a su exposición frente a organizaciones interesadas en conservar el control de espac ios
o actividades ilícitas. La protección debe alcanzar también, de manera expresa, al Ministro
de Seguridad Pública; a los subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención del
Delito; a los delegados presidenciales regionales y provinciales; a los secretarios
regionales ministeriales y directores de departamentos provinciales de Seguridad Pública;
y a los directores de seguridad pública comunal. Todos estos cargos intervienen, e n
distintos niveles, en la conducción, coordinación o ejecución de políticas y planes de
seguridad o prevención del delito.

2. Determinación legal y principio de taxatividad

La propuesta identifica expresamente los principales cargos que la legislación
vigente sitúa en la conducción nacional, regional, provincial y comunal de la seguridad
pública. Junto con ello, incorpora una cláusula residual limitada a autoridades a las que la
ley encomiende funciones de dirección, diseño, aprobación, coordinación o ejecución de
políticas, planes o programas en materia de seguridad pública o prevención del delito. De
este modo, la categoría no depende de una calificación administrativa ocasional ni se
extiende a cualquier persona que colabore materialmente en ese ámbito. Asimismo, se
mantiene la exigencia de que la conducta sea cometida en razón del ejercicio de las
funciones de la víctima, preservándose el vínculo entre el atentado y el interés institucional
protegido.

3. Punición del homicidio desde el grado de tentativa

Conforme a las reglas generales de los artículos 51 y 52 del Código Penal, el
crimen o simple delito frustrado y la tentativa reciben penas inferiores a la prevista para
el delito consumado. El propio Código contempla excepciones cuando la gravedad del
ataque, el riesgo creado y la necesidad de protección reforzada justifican asignar la pena
del delito consumado desde que existe tentativa, como ocurre en los supuestos regulados
por su artículo 450.

La presente moción adopta ese criterio excepcional respecto del homicidio
calificado por premio, promesa remuneratoria o beneficio, cuando la víctima sea una de
las personas protegidas por el inciso segundo del artículo 391 bis y el ataque se vincule
con sus funciones. La contratación o ejecución de un homicidio de estas características
revela una decisión criminal de especial intensidad y produce, aun cuando la muerte no
llegue a consumarse, un grave efecto de i ntimidación sobre el ejercicio de las funciones
públicas. Por ello, se propone que tanto la tentativa como el delito frustrado sean
castigados con la pena prevista para el ilícito consumado.

III. IDEA MATRIZ

La idea matriz del proyecto consiste en reforzar la protección penal frente al
homicidio por encargo dirigido contra alcaldes, gobernadores regionales y demás
autoridades a las que la ley atribuye funciones de conducción, coordinación o ejecución
en materia de seguridad pública o prevención del delito, e intensificar la respuesta penal
aplicable al homicidio calificado cometido contra las personas especialmente protegidas
por el artículo 391 bis desde que el hecho alcance el grado de tentativa.

IV. CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto consta de un artículo único que introduce dos modificaciones al
artículo 391 bis del Código Penal. La primera incorpora a los alcaldes, gobernadores
regionales y principales autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales con
funciones legales en materia de seguridad pública, e incluye una cláusula residual
circunscrita a func iones expresamente atribuidas por ley. La segunda agrega un nuevo
inciso final, conforme al cual el homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria
o beneficio cometido contra cualquiera de las personas señaladas en dicho inciso se
castigará como consumado desde que se encuentre en grado de tentativa, siempre que
concurra la conexión funcional exigida por la norma.

Por las consideraciones expuestas, vengo en someter a la consideración del Honorable
Congreso Nacional el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 391 bis del
Código Penal:

1. Intercálase, en su inciso segundo, a continuación de la expresión “de Gendarmería de
Chile”, la frase “, de un alcalde, de un gobernador regional, del Ministro de Seguridad
Pública, de los Subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, de un
delegado presidencial regional o provincial, de un secretario regional ministerial de
Seguridad Pública, de un director de departamento provincial de Seguridad Pública, de un
director de seguridad pública comunal o de otra autoridad a la que la ley encomiende
funciones de dirección, diseño, aprobación, coordinación o ejecución de políticas, planes
o programas en materia de seguridad pública o prevención del delito".

2. Agrégase el siguiente inciso final:

“El delito de homicidio calificado previsto en el artículo 391 N° 1o, circunstancia segunda,
cometido en contra de cualquiera de las personas señaladas en el inciso precedente, en
razón del ejercicio de sus funciones, se castigará como consumado desde que se encuentre
en grado de tentativa.".
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